En 1972 empezó a trascender a la prensa la historia de unos señores costeños, medio exóticos, que hacían pública ostentación de grandes capitales que, según explicaban ellos mismos, provenían de la venta de una yerba que, para la idiosincrasia colombiana, sólo se fumaba en el festival de Woodstock: la marihuana.
En esta primera etapa, la marihuana era controlada por clanes como los Dávila Armenia (Raúl, Eduardo Enrique y Pedro) y Raúl Dávila Jimeno, en el Magdalena, es decir, aquellos poseedores de un capital importante de base. La compra de un cargamento de la yerba y el alquiler de un barco para su transporte, no estaban ciertamente al alcance de cualquier empleado.
Un juez de Tallahasse, Florida, libró orden de captura por tra ficó de marihuana desde 1977 contra Eduardo Enrique Dávila Amienta. El 22 de agosto de 1979, un juez de Tampa, Florida, dictó otra orden de captura en su contra, identificada como 73-105-CTH. Un juez de Italia también dispuso su detención por el mismo delito. Ninguna se ha podido cumplir.
Con clanes como éste solo competían los guajiros, pueblo tradicionalmente afecto al contrabando fronterizo con Venezuela, ante la falta de cualquier tipo de infraestructura productiva.
Se identificaron entonces dos formas de vinculación inicial con el tráfico de marihuana: la del sembrador, quien recibía una utilidad casi siempre anticipada, que se le pagaba al momento de recibir la semilla, sin problemas de crédito con la banca, ni exigencia de fiadores con finca raíz que lo respaldaran. Y una segunda, los marimberos, como se denominó a las personas encargadas del transporte, venta y entrega de la marihuana en Estados Unidos.
Para ese momento, se afirmaba que por cada embarque resultaban comprometidas y beneficiadas económicamente en la Costa Atlántica entre 16 y 20 personas. Semejante redistribución de ingresos hacia abajo generó una nueva clase social - a la que se ha llamado emergente --, que poco a poco llegó a tener capacidad de compra de las cosechas: los miembros de ese nuevo grupo social adquirían la marihuana, la convertían en panela prensada, y el contacto en los Estados Unidos se encargaba de la nave en la que se habría de trans portar.
Sorprendería a cualquier investigador determinar, por ejem plo, cuantas veces se quedaba sin luz cada noche el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Un informe oficial de 1976 contenía una relación de 25 páginas, en las que figuraban centenares de coordenadas de los aeropuertos "clandestinos" diseminados por todo el territorio colombiano.
A Retat le fijaron una fianza de un millón de dólares, la pagó y voló a Santa Marta, donde aún reside.
La bonanza marimbera de los años 72-78, fue un negocio casi exclusivo de algunos sectores de la Costa Atlántica, región en la que se pudo desarrollar con mayor impunidad por la facilidad de transporte marítimo (Colombia posee centenares de kilómetros de playas sobre el Atlántico). O para el aéreo, en los desiertos guajiros, aptos casi en su totalidad para la "apertura" de pistas clandestinas.
En esta primera etapa, la marihuana era controlada por clanes como los Dávila Armenia (Raúl, Eduardo Enrique y Pedro) y Raúl Dávila Jimeno, en el Magdalena, es decir, aquellos poseedores de un capital importante de base. La compra de un cargamento de la yerba y el alquiler de un barco para su transporte, no estaban ciertamente al alcance de cualquier empleado.
Un juez de Tallahasse, Florida, libró orden de captura por tra ficó de marihuana desde 1977 contra Eduardo Enrique Dávila Amienta. El 22 de agosto de 1979, un juez de Tampa, Florida, dictó otra orden de captura en su contra, identificada como 73-105-CTH. Un juez de Italia también dispuso su detención por el mismo delito. Ninguna se ha podido cumplir.
Con clanes como éste solo competían los guajiros, pueblo tradicionalmente afecto al contrabando fronterizo con Venezuela, ante la falta de cualquier tipo de infraestructura productiva.
Se identificaron entonces dos formas de vinculación inicial con el tráfico de marihuana: la del sembrador, quien recibía una utilidad casi siempre anticipada, que se le pagaba al momento de recibir la semilla, sin problemas de crédito con la banca, ni exigencia de fiadores con finca raíz que lo respaldaran. Y una segunda, los marimberos, como se denominó a las personas encargadas del transporte, venta y entrega de la marihuana en Estados Unidos.
Para ese momento, se afirmaba que por cada embarque resultaban comprometidas y beneficiadas económicamente en la Costa Atlántica entre 16 y 20 personas. Semejante redistribución de ingresos hacia abajo generó una nueva clase social - a la que se ha llamado emergente --, que poco a poco llegó a tener capacidad de compra de las cosechas: los miembros de ese nuevo grupo social adquirían la marihuana, la convertían en panela prensada, y el contacto en los Estados Unidos se encargaba de la nave en la que se habría de trans portar.
Sorprendería a cualquier investigador determinar, por ejem plo, cuantas veces se quedaba sin luz cada noche el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Un informe oficial de 1976 contenía una relación de 25 páginas, en las que figuraban centenares de coordenadas de los aeropuertos "clandestinos" diseminados por todo el territorio colombiano.
A Retat le fijaron una fianza de un millón de dólares, la pagó y voló a Santa Marta, donde aún reside.
La bonanza marimbera de los años 72-78, fue un negocio casi exclusivo de algunos sectores de la Costa Atlántica, región en la que se pudo desarrollar con mayor impunidad por la facilidad de transporte marítimo (Colombia posee centenares de kilómetros de playas sobre el Atlántico). O para el aéreo, en los desiertos guajiros, aptos casi en su totalidad para la "apertura" de pistas clandestinas.
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